Responsabilizan al Estado de cualquier desenlace fatal de los huelguistas. Hay mujeres y ancianos.

Varias mujeres y ancianos wayús de la comunidad La Ceibita Macedonia, en zona rural de Riohacha, se declararon en huelga de hambre a partir de este lunes, para exigir ser consultados para la construcción de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha.

La decisión se toma luego de agotar todas las instancias administrativas y judiciales de reclamación y reivindicación de derecho.

Los habitantes de la comunidad tomaron la decisión y se instalaron en los alrededores de la construcción de la cárcel para adelantar la huelga de hambre, en la que exigen ser escuchados y le sean respetados sus derechos invocados.

Dispuestos a llegar hasta las ultimas instancias

A través de un comunicado manifestaron que “las mujeres y ancianos que en nombre y representación de su comunidad indígena deciden declararse en huelga de hambre, están dispuestos a llegar hasta las ultimas instancias y si es posible, ofrendar sus vidas por el respeto y reivindicación de sus derechos”.

Responsabilizan al Estado a través de los ministerios del Interior, Defensa y al Inpec, junto con la gobernación de La Guajira y la alcaldía de Riohacha, de cualquier desenlace fatal en la vida de los huelguistas que hacen parte de una comunidad indígena sujeta de especial protección constitucional.

Enfatizando la responsabilidad de la Personería Distrital “que en clara omisión a sus funciones legales y constitucionales es parte activa de los intereses particulares y económicos de la empresa constructora del proyecto de la cárcel”.

No se oponen al proyecto

 “No, no estamos oponiendo al progreso del proyecto, pero hay medidas que podemos tomar desde ahora, y es que se nos respete y realice la consulta previa”, sostiene Yeisi Iguarán Ballesteros, miembro de la comunidad y una de las huelguistas.

Explica que en 2.019 tuvieron un acercamiento, un día que estaban cercando el lote donde se construirá la cárcel y se quedaron sin camino.

Asegura que esta comunidad se encuentra al lado de la cárcel en la parte trasera y en ella habitan unas 66 familias.

“Desde ese momento todos los miembros de la comunidad intervenimos manifestando que antes de hacer una construcción se debe realizar una consulta previa y nunca se nos tuvo en cuenta, que es lo que venimos exigiendo, para hacer un buen trabajo deben respetar esos derechos que tenemos como pueblo indígena”, sostuvo Iguarán.

Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha

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Fuente: El Tiempo