Atienden más de 350 mil usuarios entre indígenas, migrantes y población no asegurada de 5 municipios
Empleados y contratistas del Hospital San José de Maicao, entraron en paro para exigir el pago de tres meses de salarios y demás obligaciones a que tienen derecho.
Desde las seis de la mañana de este lunes, el personal asistencial, médico, enfermeras y demás trabajadores de planta y por prestación de servicios, paralizaron las actividades en el hospital y anunciaron que solo atenderán por urgencias vitales.
“La situación ya no aguanta más, son tres meses sin salario y el miedo es que cada día se sigan sumando más y a la final no se nos pueda pagar”, sostuvo Mariolina Fernández, presidenta del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (Sindess), en La Guajira, quienes apoyan la situación mientras realizan trámites para sumarse legalmente a la protesta.
Fernández, explica que buscaron varias estrategias para no tener que llegar a esta situación, pero no encontraron ningún apoyo.
Los ingresos del hospital no alcanzan a cubrir la nómina mensual de 363 trabajadores, 46 de ellos de planta, lo que representa unos 1.600 millones de pesos, por lo que les venían cancelando de forma fraccionada el 50 por ciento del salario o contrato.
Horas antes, la Superintendencia de Salud, con más de seis años de intervención en el centro asistencial, a través de un comunicado hizo un llamado al Gobierno Departamental para que “realice el giro de los millonarios recursos pendientes de pago, con los cuales podría ponerse al día con su talento humano y proveedores”.
Aseguran que a pesar de realizar la facturación de los servicios que prestan, las finanzas se han visto perjudicadas por la falta de pago, principalmente por la gobernación de La Guajira cuya deuda alcanza los 38 mil millones de pesos.
De los cuales, unos 6.400 millones de pesos corresponden a población pobre no asegurada y los restantes 31.372 millones de pesos a la prestación de servicios dados a la población migrante.
“Se trata de una deuda que se ha ido acumulando en los últimos cuatro años y que se ha agravado por la falta de pago del ente territorial, pese a que desde la interventoría del hospital se han hecho esfuerzos por conciliar esa cartera, mediante todas las gestiones de cobro en las diferentes instancias sin que exista un resultado positivo”, indicó la Supersalud.

La respuesta de la Supersalud de que la gobernación -que se acogió a la Ley 550-, es la que debe cancelar la deuda de la población migrante sorprendió a todos los empleados.
“Teníamos entendido que era del resorte del ministerio y que de hecho el ministerio de Salud le había pedido apoyo al ministerio de Hacienda, de agilizar los recursos para cancelar la deuda, pero hoy dicen que es la gobernación que debe cancelar”, indicó Fernández.
A corte del 30 de junio del presente año, los pasivos del hospital ascendían a más de 39 mil millones de pesos. Mientras que la cartera superaba los 67 mil millones, de los cuales 47.713 millones de pesos tienen corte de más de 360 días.
El hospital es de suma importancia, debido a que se constituye en el primer centro asistencial de la frontera que atiende a más de 350 mil usuarios entre indígenas wayuu, migrantes y población pobre no asegurada de Albania, Manaure, Maicao, Paraguachón y Uribia.
Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha
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