Deberán responder por un detrimento patrimonial por 2.839 millones de pesos.
La Fiscalía imputó cargos ante un juez de garantías, contra el exalcalde de Manaure Davis Díaz Rivera y a la exsecretaria de Salud Angélica Manotas Moscote, por presunta corrupción en contrato para combatir la desnutrición en los menores wayúu, causado un detrimento patrimonial por 2.839 millones de pesos.
Un fiscal de la dirección especializada contra la Corrupción les formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Adicionalmente, a Manotas Moscote le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.
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Según la investigación adelantada, el contrato que tenía un valor de 8.000 millones de pesos, pretendía ayudar a unas dos mil familias entre niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, en un término de 5 meses.
Los elementos recaudados por el grupo de investigadores advierten que se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación.
Entre las irregularidades más significativas esta la definición de un contratista con antelación.
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“La IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas, como la compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos”, indicó la Fiscalía.
Tampoco, estaba autorizada por la secretaría de Salud municipal (la misma entidad contratante), para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos.
Para asegurar su actividad ilícita, los hoy imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos.
“En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías”, indicó en un comunicado.
La Fiscalía tiene evidencias de que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600%; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.
Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.
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