En la audiencia, el Gobierno Nacional deberá entregar un diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira.
El Gobierno Nacional expondrá los argumentos que tuvo para emitir el Decreto 1085 de 2023 en el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, el próximo 11 de agosto, día en que está programada la audiencia pública por parte de la Corte Constitucional.
En la audiencia, el Gobierno Nacional deberá entregar un diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira, sobre el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento e informar las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en este territorio.
También, se hablará sobre la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático. En el análisis de estos aspectos se considerará la incidencia de las olas de calor generadas por el fenómeno de El Niño, el cual aumenta las temperaturas en ciertas zonas, como el norte de Colombia.

La magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo, será quien presida la diligencia con la que busca analizar los motivos que llevaron al Presidente de la República a decretar el Estado de Emergencia. La audiencia se llevará a cabo por cuenta de una solicitud que hizo la propia Presidencia.
El decreto emitido por el Gobierno explica que La Guajira atraviesa una “grave crisis humanitaria” que se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales, lo que es resultado de múltiples causas, tales como: la escasez de agua potable para el consumo humano; la “crisis alimentaria” debido a dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático acentuado en los climas cálido desértico y cálido árido del departamento y la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada, entre otros factores.

Durante la audiencia, se otorgará un espacio inicial al presidente de la República o su delegado para que explique las razones que justificaron la expedición del decreto. Luego, se escuchará a los representantes de las entidades públicas, miembros de la sociedad civil, así como expertos y expertas en la materia de cambio climático y derecho constitucional, en el orden que señala la siguiente agenda preliminar.
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Entre las entidades a intervenir están la Gobernación de La Guajira, Corpoguajira, la UNGRD, el ICBF, la representante de la Veeduría Ciudadana a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, Ruth Chaparro, un representante de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas OCHA de Naciones Unidas, representantes de instituciones de educación superior, la relatora de DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz y el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Camilo Niño Izquierdo, entre otras.
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