La acción popular fue interpuesta por procuradores de La Guajira y 320 mil personas se beneficiarán.

El Consejo de Estado ordenó a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en la hoja de ruta diseñada para la finalización definitiva del proyecto multipropósito del río Ranchería.

El fallo también protegió los derechos colectivos al agua potable, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la defensa del patrimonio público, entre otros, vulnerados por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La mesa técnica para implementar la “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, deberá estar integrada por el Departamento Nacional de Planeación; la gobernación de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y los ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente, Minas e Interior.

El fallo exhortó a estas entidades para que sin dilación alguna y en el marco de sus competencias concurran a la mesa técnica que conforme la ADR y adelanten todas las acciones necesarias para la finalización del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería.

Asimismo, instó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Consejería Presidencial para las Regiones, a fin de que coordine las gestiones orientadas a la creación de espacios de interacción entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, atendiendo a la importancia estratégica del proyecto.

La acción popular fue instaurada por los procuradores César Valencia Villamizar y Edwin José López Fuentes, en sus roles como Procurador 12 Judicial II Agrario y Ambiental, y Procurador 91 Judicial I Para Asuntos Administrativos de Riohacha, respectivamente.

Sobre la licencia ambiental

En relación al cumplimiento de la licencia ambiental otorgada al Proyecto Río Ranchería, la Sección Primera señala que la ADR intentó justificar los incumplimientos argumentando la necesidad de que la autoridad ambiental lleve a cabo un cierre de acciones o actividades para determinar qué aspectos corresponden al licenciatario anterior y cuáles le corresponderían a la ADR.

Sin embargo, esta postura es inadmisible, ya que consta en el expediente que Corpoguajira ha proporcionado la información solicitada mediante informes de seguimiento.

Además, hay un proceso sancionatorio ambiental en curso en el cual la ADR debe responder por dichos asuntos, debido a las presuntas infracciones ambientales en las que ha incurrido con su conducta omisiva, que ha sido reiterada ante la instancia judicial.

En cuanto a la exigibilidad de las obligaciones de la licencia ambiental en relación con la sucesión de la ADR, el fallo enfatiza que el cumplimiento de estas obligaciones no está sujeto a acciones por parte de la autoridad ambiental. La ADR debe acogerse a lo establecido en dicha licencia, en las mismas condiciones en las que recibió la cesión.

Mientras que la responsabilidad de la ADR en la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos, la decisión concluye que dicha entidad no ha afectado ese derecho, sino el derecho colectivo al agua potable.

Esto se debe a que la prestación de servicios públicos no forma parte de sus objetivos misionales y, principalmente, porque el objeto de la acción se relaciona con la necesidad de acceso al recurso hídrico, la cual estaría garantizada con la finalización definitiva del megaproyecto del río Ranchería.

Espacio Publicitario

Un anhelo de más de 50 años

Con este fallo se podría cristalizar un anhelo de más de 50 años, que prometía solucionar el problema del agua a más de 326 mil habitantes en nueve municipios, irrigar más de 18.536 hectáreas de tierra y permitiría el funcionamiento de una central hidroeléctrica que llevaría energía a unas 3.000 viviendas.

Solo se ha construido la fase I, la presa “El Cercado” la cual se desarrolló entre el 10 de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2010, con una inversión de $639 mil millones de pesos.

El proyecto se encuentra en etapa de transición, es decir, en la ejecución de actividades continuas de administración, operación y mantenimiento de la fase I, ya que el Gobierno Nacional no asignó recursos para la terminación del mismo.

Si bien la represa fue construida y llenada los tres propósitos inicialmente planteados para dicha obra aún no se han cumplido, por lo que la Contraloría General de la Nación considera esta obra como el elefante blanco más grande de La Guajira.

Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha