La Diócesis de Riohacha hizo pública su preocupación por el incumplimiento del pago final del contrato de prestación de servicios educativos número 007 de 2025, cuyo saldo pendiente asciende a $3.315.941.881,50. Según advirtió el obispo Francisco Antonio Ceballos Escobar, la demora en el desembolso ha generado dificultades financieras para la institución religiosa y compromete su capacidad para asumir una nueva contratación durante 2027.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el prelado señaló que, pese a las gestiones adelantadas ante la Secretaría de Educación Distrital, dependencia encargada de la supervisión contractual, el pago continúa sin hacerse efectivo.
La Diócesis aseguró que ha presentado los soportes, aclaraciones y explicaciones solicitadas, pero manifestó que sigue recibiendo requerimientos sin obtener respuestas concretas, según el obispo “siempre hay un requerimiento, no hay respuestas concretas”.

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La situación cobra relevancia porque la Diócesis tiene a su cargo la implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en las instituciones educativas Divina Pastora, Eusebio Septimio Mari y Santa María Goretti, donde actualmente reciben atención 4.879 estudiantes.
Además, el contrato número 041 de 2026 se aproxima a su finalización, mientras permanece pendiente la obligación económica correspondiente a 2025. De acuerdo con el obispo, estas circunstancias impiden que la Diócesis tenga condiciones financieras para comprometerse con una nueva contratación para el próximo año.
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Ante este panorama, Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar solicitó a la Alcaldía Distrital y a las dependencias competentes concluir las actuaciones administrativas y hacer efectivo el pago pendiente. También pidió definir e informar oportunamente a estudiantes, familias, docentes y directivos qué medidas se implementarán para garantizar la continuidad del servicio educativo en las tres instituciones desde el inicio del calendario escolar de 2027.
En su pronunciamiento, el obispo recordó que el pago corresponde a una obligación contractual que viene desde el año anterior y expresó su preocupación por el tiempo transcurrido: “Recuerdo el pago de 2025 y estamos terminando ya un año 2026 y ad portas de hacer otra contratación”.

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La Diócesis también invocó el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que reconoce el derecho de los contratistas a recibir oportunamente la remuneración pactada, así como los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, relacionados con las funciones de supervisión contractual.
Asimismo, recordó que los artículos 44 y 67 de la Constitución Política establecen la protección de los derechos de los niños y el carácter de servicio público de la educación, por lo que corresponde al distrito adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
La Diócesis manifestó que mantiene su disposición al diálogo institucional y a la revisión conjunta de los soportes, aunque advirtió que se reserva la posibilidad de acudir a actuaciones administrativas y judiciales para defender sus derechos. Finalmente, el obispo expresó su preocupación por las comunidades educativas y reiteró su llamado a la administración distrital para que resuelva la obligación económica y entregue una respuesta clara sobre el futuro de la atención educativa de los 4.879 estudiantes.
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