noviembre 16, 2026

Al Estado le piden desmontar discursos racistas contra cultura wayúu

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Los señalamientos se han identificado en hospitales, centros del ICBF y más entidades. 

Un llamado a desmontar en los discursos e informes oficiales el sesgo xenófobo, excluyente y estigmatizador, que señalan a la cultura wayú como principal culpable de la situación de la niñez, hizo la Veeduría de la implementación de la sentencia del estado de cosas inconstitucionales en La Guajira. 

Sostienen que la cultura wayú no es la responsable de la muerte de los niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición, debido a que tienen como rasgo cultural el ser cuidadores y respetuosos de la niñez.

Luego de dos años de contacto directo con el pueblo wayú han podido ver el cuidado integral de los menores en los espacios de la familia, la escuela, al igual que las prácticas de vida cotidiana de las mujeres de la mencionada etnia. 

Explican que ante los recursos limitados del ecosistema y la deficiente respuesta institucional, las mujeres wayú, a través de las prácticas de solidaridad sostenida, han logrado la supervivencia de los infantes.

“Realizamos un llamado urgente a cuestionar y desmontar estos discursos y prácticas racistas, xenófobas, excluyentes y estigmatizantes. Ya que existe una gran barrera cultural dominante que reduce y aísla a la pueblo wayú del goce y disfrute de sus derechos como ciudadanos libres y dignos”, sostuvo la iniciativa en una declaratoria. 
Estas barreras han sido identificadas en los hospitales, centros del ICBF y en las alcaldías. 

“Llama la atención que el Estado colombiano invisibilice por medio de manuales, políticas y acciones el potencial de solución desde el pueblo wayú; y que no cumpla con las 10 sentencias ordenadas. El resultado es lamentable y doloroso la perdida de la vida de 296 niños”.

Estos 296 casos de muertes por desnutrición se han registrado desde la publicación de sentencia T-302 de 2017 hasta el pasado 27 de octubre.

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La peticiones de la veeduría

Piden a las entidades relacionadas que se apropien de la sentencia y la desarrollen de acuerdo a su responsabilidad institucional. 

También recomiendan articular la planeación del mecanismo de la sentencia por medio de una línea base, junto a unos objetivos claros con indicadores pertinentes, presupuesto suficiente, mecanismos de verificación e informes de resultados.

Así mismo, exigen que se implemente un sistema de información sobre niñez, unificado a nivel institucional que supere la información dispersa sobre ejecución en distintas instituciones.

La veeduría de la sentencia T-302 de 2017, está conformada por el CINEP – Programa por la Paz; la ONIC; la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – CODACOP; Defensa de Niñas y Niños Internacional – DNI; Omaira Orduz Rodríguez y la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI.

ELIANA MEJÍA
Especial para EL TIEMPO
RIOHACHA

Fuente: El Tiempo

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