Un nuevo capítulo se suma a la disputa jurídica y patrimonial por el predio San Ramón, un terreno ubicado a la salida de Riohacha que actualmente tiene entre sus copropietarios a la Universidad de La Guajira, al fiscal especializado Rafael Francisco Rojas Orcasitas y a la sociedad Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S.
El pronunciamiento fue realizado por la familia Rojas Ramírez y la sociedad Armenta y Cía. mediante un comunicado firmado por Franklin Juscelino Rojas Ramírez, tío del fiscal y vocero de la familia.
El punto central del documento es un señalamiento relacionado con el uso de la condición de funcionario público de Rafael Rojas Orcasitas. La familia sostiene que el fiscal habría relacionado el conflicto por San Ramón con señalamientos de narcotráfico para ejercer presión sobre sus integrantes, directivos de la Universidad de La Guajira y funcionarios judiciales.
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“De manera temeraria el señor Rojas Orcasitas valiéndose de su cargo ha pretendido vincular un predio de tradición estrictamente familiar con señalamientos y estigmas de narcotráfico, con el único propósito de amedrentar e intimidar a los miembros de la familia, a la administración de la Universidad de La Guajira y a los funcionarios judiciales, instrumentalizando su investidura pública para fines de presión e interés personal”, señala el comunicado.
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El caso se relaciona con una denuncia presentada por el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, contra el fiscal Rojas Orcasitas y Eddie José Gnecco, por presunta extorsión, persecución y uso indebido de instituciones del Estado con fines particulares tras negarse a comprar el lote con un sobrecosto del 400% de su valor. Robles también cuestionó señalamientos que lo vincularían con una supuesta red de narcotráfico.
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Rafael Rojas también figura como copropietario
Además de su condición de fiscal especializado, Rafael Rojas Orcasitas aparece como uno de los titulares de derechos sobre el inmueble.
Según el comunicado, en mayo de 2023 adquirió de su padre, César Tulio Rojas Ramírez, una participación equivalente al 16,66 % del predio por 10 millones de pesos, tras la recuperación del predio que duró en varios años del litigio.
Actualmente, de acuerdo con las participaciones señaladas por los firmantes, el inmueble está distribuido entre Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con el 52,99 %; la Universidad de La Guajira, con el 30,3046 %, y Rafael Rojas Orcasitas, con el 16,66 %.
La familia sostiene que, después de adquirir esa participación, el fiscal habría solicitado facultades para negociar el inmueble con terceros, incluyendo posibilidades de aportarlo a fiducias o venderlo a sí mismo. Según el comunicado, dichas facultades no fueron concedidas.
Los firmantes también cuestionan actuaciones relacionadas con la sociedad Admicons Ltda., que, según el documento, pertenece a familiares del fiscal y aparece vinculada a una controversia por derechos de honorarios profesionales.
“A partir de allí, diseñó un entramado de maniobras jurídicas, cesiones de créditos inexistentes y demandas a través de la sociedad familiar Admicons Ltda. (Propiedad de su madre y Hermana desde 2019 y cuyo gerente es su padre), buscando estrangular económicamente a la familia y forzar el apoderamiento total del inmueble. Hoy se anuncia como único poseedor del 100%”, señaló su tío en el comunicado.
Un litigio de más de una década
La historia de San Ramón se remonta a un proceso judicial iniciado para recuperar la posesión del inmueble. La familia identifica este trámite con el proceso 2013-0124, adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha.
Los Rojas Ramírez sostienen que la recuperación jurídica y material del predio fue producto de más de una década de actuaciones judiciales y que el proceso fue promovido y financiado por integrantes de la familia.
En ese contexto, rechazan que Rafael Rojas Orcasitas se atribuya la recuperación del terreno y aseguran que su participación en la diligencia final se limitó a una colaboración logística en su condición de funcionario público.
“Desmentimos enfáticamente cualquier pretensión del señor Rafael Francisco Rojas Orcasitas de atribuirse la restitución del predio. En su condición de funcionario público —Fiscal Especializado Antinarcóticos—, el señor Rojas Orcasitas únicamente hizo presencia para coordinar la logística de la última diligencia de desalojo como supuesta «colaboración». Nuestro abogado hizo la diligencia bajo nuestras instrucciones”, señala el comunicado.
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La reunión del 28 de noviembre de 2023
Otro de los episodios que la familia incorpora en su relato ocurrió el 28 de noviembre de 2023, durante una reunión en la que, según Franklin Rojas, participaron Rafael Rojas, abogados e intermediarios.
La familia afirma que durante ese encuentro se habló de una inversión de 800 millones de pesos relacionada con la diligencia de desalojo y de la posible participación de terceros interesados en el inmueble.
“En la reunión de 28 de noviembre se opuso vehementemente a la división pacífica del predio, anunciando la intervención de terceros ajenos a la familia (señores Quintero supuestos representantes de la familia Gnecco Zuleta, con quien según su dicho habría hecho negocios sobre el lote del cual no era dueño ni poseedor alguno”, señala Rojas Ramírez.
En el mismo contexto aparece una controversia por 200 millones de pesos relacionados con honorarios profesionales. Según el comunicado, los derechos sobre esos honorarios fueron objeto de posteriores cesiones y reclamaciones judiciales.
“Se dedico a meter procesos laborales y después civiles, seguidos de cesiones y a través de la sociedad de su padre para cobrar por esos 200 millones de pesos la suma de 1.100 millones de pesos. (Aduce judicialmente y con soportes documentales que su madre a través de la sociedad Admicons Ltda, le compro en efectivo a los meses del pago los derechos de honorarios del abogado por trescientos millones de pesos y que esos representan a 2025, en menos de año y medio 1.100 millones de pesos)”, puntualiza Rojas Ramírez.
Este componente económico hace parte de otro frente judicial del conflicto y, según el comunicado, se discute ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso 11001310302620250020700.
La disputa por la posesión
La familia también cuestiona que, después de la diligencia de recuperación, Rafael Rojas Orcasitas hubiera intentado asumir la posesión material del inmueble y promover proyectos personales o comerciales sin autorización de los demás propietarios.
Según el comunicado, posteriormente adquirió el 16,66 % de los derechos del predio y buscó facultades para negociar el inmueble, propuestas que fueron rechazadas por los demás integrantes de la familia.
Los firmantes, además, defienden la legalidad del proceso mediante el cual se recuperó San Ramón y aseguran que la diligencia se realizó con intervención de las autoridades y dentro de las decisiones judiciales correspondientes.
La familia niega, por tanto, que durante ese procedimiento hubiera existido desplazamiento o intervención de terceros.
Franklin Rojas Ramírez afirma, por su parte, que recibió amenazas de muerte y fue objeto de seguimientos por parte de ocupantes del predio, hechos que, según su versión, terminaron provocando su desplazamiento de Riohacha y afectaciones a su salud.
El conflicto sigue en los juzgados
La controversia no ha terminado con las diferentes compraventas y actuaciones realizadas sobre el inmueble. La familia señala que actualmente se adelanta un proceso divisorio ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha.
En ese escenario deberán continuar resolviéndose las diferencias relacionadas con la copropiedad y la posesión del predio.
El comunicado concluye con un rechazo a cualquier actuación que, según los firmantes, pueda constituir una vía de hecho, intimidación o un montaje judicial para afectar el patrimonio familiar.
Está Sucediendo intentó contactarse con el fiscal Rafael Rojas Orcasitas, para conocer su versión, pero no se ha obtenido respuesta hasta el momento.
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