El abogado Pablo Bustos Sánchez, quien es representante legal de las comunidades de La Guajira víctimas dentro del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD), solicitó a la Fiscalía General de la Nación imputar cargos y pedir prisión para los exdirectores del Dapre, Carlos Ramón González; de Función Pública, César Manrique y de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, quienes han sido salpicados en el escándalo por los carrotanques.
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En la solicitud pide constituir un grave peligro para la investigación que estas personas no estén en prisión y por eso pide medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, entre otros.
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Bustos asegura que su representación fue otorgada por la Red de Veedurías de Colombia.
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Hace una semana, en la imputación a la exconsejera Sandra Ortiz, la fiscal María Cristina Patiño indicó que Carlos Ramón González, exjefe del Dapre en el gobierno del presidente Gustavo Petro, habría ordenado entregar 60.000 millones de pesos en contratos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
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También afirmó que había entregado 10.000 millones a Andrés Calle, cuando era presidente de la Cámara de Representantes. En la audiencia se afirmó que el primero habría recibido 3.000 millones en efectivo, y el segundo 1.000 millones.
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