Los reparos están fundamentados en el Decreto No 1085 de 2023 de emergencia económica que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Varias observaciones sobre el proyecto de decreto del Gobierno Nacional, que busca adoptar medidas para el uso, manejo, protección y conservación del agua en La Guajira, envió la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dentro de los reparos, el ente de control indica que las consideraciones del proyecto están fundamentadas en un Decreto que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, refiriéndose al Decreto No. 1085 de 2023 del Gobierno Nacional, con el objeto de declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.

Para el Alto Tribunal, no se logró demostrar por qué los mecanismos ordinarios previstos no son suficientes e idóneos para atender la crisis humanitaria que padecen los habitantes del departamento.

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Igualmente indica que el proyecto también se sustenta en la necesidad de reglamentar el Decreto Legislativo No. 1277, que se expidió como parte de las medidas del estado de emergencia declaradas inconstitucionales por la Corte, y que adopta medidas en materia ambiental y de desarrollo sostenible; este decreto está pendiente de decisión por parte de la Corte Constitucional sobre su exequibilidad, por lo que resulta prematuro e impertinente reglamentarlo ante la incertidumbre jurídica derivada de esta situación.

Dice la Procuraduría que se hace necesario y conveniente esperar la decisión de la Corte Constitucional con respecto a ese decreto, ya que el proyecto refiere la implementación de estrategias a cargo del ministerio de Ambiente, como planes de acción, medidas de manejo, análisis situacional y evaluación ambiental del departamento, entre otros, que guardan relación con esta normativa.

 Se reitera la necesidad de garantizar la adecuada articulación y coordinación entre las autoridades que conforman el SINA, en especial, con Corpoguajira, en su calidad de administradora de los recursos hídricos en la jurisdicción, entidad que aseguró desconocer los aspectos técnicos que motivaron la expedición de este proyecto normativo.

Se considera que el derecho de participación y de coordinación entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, como garantía del principio democrático, no se satisface con el simple sometimiento a consulta pública, sino con escenarios de discusión y participación asertiva y efectiva, desde etapas tempranas del proceso.

Finalmente, el Ministerio Público recordó que han sido varios los decretos expedidos en el marco de esta declaratoria, que han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional, por no cumplir con los criterios de necesidad y conexidad, para atender la crisis y superar sus efectos.