Una jornada de atención social en el resguardo indígena Cerrodeo, en zona rural de Barrancas, al sur de La Guajira, terminó en terror para el equipo profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que un grupo armado interceptó y asaltó al personal el pasado viernes 6 de junio, alrededor de las 2:30 de la tarde, mientras se movilizaban en un vehículo institucional con destino a cumplir labores de acompañamiento comunitario.
El Bienestar Familiar rechazó a través de un comunicado, este hecho de violencia que no solo ponen en riesgo la vida de los equipos profesionales, sino que “afectan directamente la garantía de los derechos de la infancia, al obstaculizar los procesos de atención y protección que se brindan a las comunidades más vulnerables. Es inaceptable que quienes trabajan por la niñez sean víctimas de violencia y agresiones que interrumpen la labor misional del Estado”.
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Delincuentes hurtaron un vehículo, bienestarina, celulares y dinero en efectivo
Los delincuentes, encapuchados y armados, detuvieron el vehículo 4×4 en el que se desplazaban miembros de las Unidades Móviles del ICBF junto a un conductor de la empresa contratada para prestar el servicio de transporte. En el asalto, se llevaron el carro de placas LUN 662, provisiones como Bienestarina líquida y en polvo, herramientas de trabajo como celulares y documentos sensibles como historias familiares, así como mochilas, termos y dinero en efectivo.
Los profesionales se encontraban desarrollando labores de acompañamiento a las familias del resguardo, como parte de las estrategias de la entidad para contribuir a la garantía de derechos fundamentales a niñas, niños y adolescentes del resguardo, en el marco de la presencia institucional del ICBF en zonas vulnerables.
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“La entidad mantiene toda la disposición institucional para continuar llegando con atención integral a los territorios, especialmente a aquellos donde la niñez y adolescencia se encuentra en mayor situación de riesgo”, indicó el ICBF.
El Bienestar Familiar pidió a las autoridades una investigación urgente para dar con los responsables del hecho y exigió garantías para el personal que trabaja en territorios de alto riesgo, como muchos en el sur de La Guajira.
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