El presidente de la Corte Constitucional y de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia dijo que el drama de La Guajira no admite aplazamientos.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional y de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia sobre protección a la niñez wayuu, junto a la magistrada Paola Andrea Meneses y el magistrado Vladimir Fernández, instaló la sesión técnica denominada: Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 (Auto 310 de 2024).

“El drama de La Guajira no admite aplazamientos”, afirmó el magistrado Reyes Cuartas al llamar la atención sobre la importancia de cuidar los recursos públicos invertidos en el departamento.

La Corte convocó esta sesión técnica para conocer las soluciones consideradas por las entidades obligadas al cumplimiento del objetivo valorado en la Sentencia y por las competentes para vigilar la correcta actuación administrativa y financiera, así como las encargadas de su control e investigación para superar los obstáculos.

La sesión se llevó a cabo con base en cuatro ejes temáticos: las estrategias de las entidades para corregir las prácticas inconstitucionales; las medidas para mejorar la información sobre la distribución y ejecución de los recursos, así como para superar las dificultades para presentar proyectos; las estrategias ágiles y efectivas para el control, vigilancia e investigación de las funciones desempeñadas por las entidades obligadas al cumplimiento de la sentencia y sobre su gestión contractual y financiera, y las soluciones para que el control, vigilancia e investigación de hechos presuntamente contrarios a derecho lleguen hasta el territorio. La sesión se transmitirá por las redes sociales de la Corte.

En el marco de la sesión, la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova expuso el compromiso del Gobierno nacional para superar el estado de cosas inconstitucional (ECI) y erradicar los escenarios de corrupción.

Por su parte el gobernador, Jairo Aguilar Deluque, afirmó que desde 2017, mediante documentos Conpes, se adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento, con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, financiados con los recursos del Sistema de Participación Ciudadana.

“Este es un departamento con muchas dificultades pero estamos respuesta y no hemos escatimado esfuerzos para darle cumplimiento a la Sentencia T-302, convencidos de la importancia de superar el estado de cosas inconstitucional. Me comprometo a aumentar los esfuerzos en las acciones a favor de los niños, niñas, adolescentes indígenas del departamento”, manifestó.

También participó el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, quien precisó que “la falta de inventario de infraestructura en agua, educación, atención a la niñez, hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera. Es importante tener el censo para evitar que una comunidad sea varias veces intervenida, mientras en otra no haya ninguna intervención”.

John Pimienta Jusayu, alcalde de Manaure, resaltó que “para la distribución de los recursos no se tiene conocimiento de cuántas comunidades hay en el municipio, dónde están ubicadas y cuál es la población actual de cada comunidad. En el censo de 2018, si bien se aportan de manera global las estadísticas, se presenta una alta omisión censal y sus resultados no permiten identificar localización geográfica, lo que impide utilizarlos como criterio de priorización”.

En su intervención, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García precisó que “uno de los principales inconvenientes que hemos encontrado es la estadística, la falta de información frente a la cantidad real de comunidades wayuu bajo cobertura del municipio de Uribia. Tenemos reportadas 446 comunidades, pero de acuerdo con el Ministerio del Interior existen 1874 comunidades, hay una discrepancia significativa».

También participaron los órganos de vigilancia, organismos de control, de investigación  y las otras entidades obligadas en la Sentencia T-302 que, para los efectos del auto, se entiende que son la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas cerró la sesión técnica y concluyó que “cada muerte de un niño o de una niña de La Guajira es un homicidio por omisión. Alguien tiene que ver con esa muerte. Alguien tendría que responder. Tendría que haber una investigación penal por cada niño / niña muerto. Eso es muy grave. Cada muerte de un niño que no se puede valer por sí mismo para el derecho penal tiene un significado en esos términos”.