Con la presencia de autoridades tradicionales wayuu, voceros comunitarios, funcionarios del Gobierno Nacional y delegados del sector empresarial, se protocolizaron en Riohacha los acuerdos derivados del proceso de consulta previa para la modificación e integración de la licencia ambiental de los parques eólicos Camelia, Camelia 1 y Camelia 2, desarrollados por la empresa Celsia S.A. E.S.P.
El encuentro se llevó a cabo en el centro de eventos Yotojoro y estuvo liderado por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, entidad que acompañó y garantizó el proceso en calidad de garante de este derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a la consulta previa, libre e informada, junto con el delegados del Ministerio de Minas y Energía y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
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Las comunidades indígenas wayuu Mashalesirra y Pariyen participaron activamente en la construcción de los acuerdos, que incluyen medidas de manejo y compensación con enfoque diferencial para cada etapa del proyecto, desde la preconstrucción hasta el desmantelamiento, en un horizonte de operación de 30 años. Las decisiones concertadas responden a principios definidos por la Corte Constitucional: razonabilidad, proporcionalidad y obligatoriedad.
Durante el proceso, se garantizó el uso del wayuunaiki como lengua de interpretación, se socializó el contenido técnico del proyecto eólico y se construyó colectivamente una ruta que busca mitigar impactos sociales, culturales y ambientales derivados de su ejecución.
René Segundo Hernández, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, indicó que, “continuamos impulsando la defensa del derecho fundamental de la consulta previa de nuestras comunidades étnicas en todo el territorio nacional, que, como La Guajira, es ejemplo de nuestra diversidad y reclama ser escuchada, respetada e incluida en un desarrollo verdaderamente armónico”.
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La Guajira concentra actualmente el 33% de los procesos de consulta previa activos en Colombia relacionados con la transición energética, y este acuerdo representa un paso importante en el fortalecimiento del diálogo entre el Estado, las comunidades y el sector privado. Para el Gobierno nacional, se trata de una señal positiva que reafirma el compromiso con un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso de los derechos étnicos.
Con este avance, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior reitera su compromiso con la promoción de escenarios de participación legítimos, la protección de los derechos colectivos y el fortalecimiento del diálogo entre el Estado, la empresa privada y las comunidades étnicas en los territorios.
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