La Guajira enfrenta una de las mayores crisis energéticas de los últimos años. Desde hace más de dos semanas, un bloqueo en los accesos al Complejo Ballena, en zona rural del municipio de Manaure, operado por el contrato de Asociación Guajira (53% Ecopetrol y 47% Hocol), mantiene en riesgo inminente la producción diaria de 70 millones de pies cúbicos de gas, suministro clave para el norte y el centro del país.
La empresa advierte que, si el bloqueo continúa, será inevitable apagar los pozos productores de gas, lo que llevaría a una suspensión inmediata del abastecimiento del energético para amplias zonas del país.
La protesta, protagonizada por miembros de la comunidad de Carrapiñapule desde el pasado 3 de noviembre, impide la entrada y salida de personal, insumos, alimentos y equipos necesarios para mantener la operación de producción de gas.
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“La situación ha escalado en las últimas horas, al punto de poner en riesgo la integridad física de 26 trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones, así como el desarrollo de actividades de mantenimiento, obras civiles y mantenimiento de pozos de producción de gas”, alertó la empresa Hocol a través de un comunicado.
Un bloqueo que obliga a activar protocolos de emergencia
Ante el riesgo físico para los trabajadores y la imposibilidad de operar bajo estándares mínimos de seguridad industrial y ambiental, Hocol activó los protocolos de emergencia para proteger la vida y la salud de las personas y las comunidades aledañas, frente a riesgos operativos y ambientales.
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Un eventual cierre del campo podría causar daños irreversibles a la infraestructura y comprometer la estabilidad del sistema de suministro nacional.
El campo Guajira produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que refleja la importancia de este activo para todos los colombianos.
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Las exigencias de la comunidad: compromisos históricos sin cumplir
Las demandas de la comunidad que lidera el bloqueo se centran en obligaciones históricamente incumplidas por entidades estatales como el Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Manaure. Entre los reclamos figuran: acceso a agua potable, educación, transporte escolar, y el reconocimiento de autoridades tradicionales wayúu.
“La empresa ha cumplido todos y cada uno de los compromisos y obligaciones en su actividad y ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición a acompañar y apoyar los procesos de diálogo, pero sin sustituir las obligaciones legales y constitucionales de las entidades responsables”, indicó Hocol.
Llamado urgente al Gobierno
La empresa pidió a las autoridades nacionales y territoriales actuar de manera inmediata para proteger la vida de los trabajadores, restablecer el derecho a la movilidad y levantar el bloqueo que mantiene paralizada una infraestructura considerada estratégica para el país.
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