La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación instaron a los gobernadores y alcaldes del país a que incluyan procedimientos, proyectos y programas dirigidos a las víctimas del confl­icto armado, en los Planes de Desarrollo Territorial -PDT-, que deben ser radicados antes del 15 de junio. 

En carta enviada a las entidades territoriales, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, conformada por los organismos de control y tres representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, instó al diseño e implementación de estrategias colaborativas con las entidades nacionales del Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas -SNARIV-, han de garantizar la salud e integridad de todos los ciudadanos, en especial de las víctimas del conflicto armado, quienes se han visto afectados por la situación de emergencia generada por el covid-19.

Para la Comisión de Seguimiento es indispensable disponer desde los niveles municipal y departamental, de garantías para la asignación de recursos y la participación efectiva de la población en este momento de formulación de instrumentos de planeación territorial, que permitan concretar acciones efectivas para que las víctimas superen su situación de vulnerabilidad y avancen en su proceso de reparación integral. 

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Precisó que las entidades territoriales que no presentaron oportunamente sus PDT pueden ponerlos a consideración de las asambleas o concejos municipales hasta el 15 de junio de 2020, y aquellas que los entregaron antes del 30 de abril, pueden hacer modificaciones hasta el 15 de junio de 2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto presidencial No. 683 del 21 de mayo 2020. 

Finalmente, recordó que el PDT como instrumento de planificación debe orientar las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales en pro del desarrollo del territorio, y que este momento es crucial para incluir los compromisos legales adquiridos con las víctimas del confl­icto armado, para garantizar la defensa de sus derechos fundamentales durante los próximos cuatro años de gobierno.