Los 30 mandatos que no fueron acatados por el ANLA (3), el ministerio de Ambiente (10), el ministerio de Minas (17) y que agudizan la crisis climática.

Con el fin de que el Gobierno Nacional cumpla con sus compromisos climáticos e incluya los impactos generados por toda la cadena de carbón en sus políticas y metas nacionales de gestión del cambio climático en La Guajira y el Cesar, se presentará una acción de cumplimiento ante el Tribunal de Cundinamarca.

Esto será el próximo 4 de mayo por parte de 40 representantes de las comunidades afro, indígenas y campesinas de La Guajira, en compañía de cinco organizaciones nacionales e internacionales, y grupos de investigación.

Según informó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a enero de 2023 en el país existen cerca de 1.100 títulos vigentes de explotación y exploración de carbón, de los cuales 914 son de minería subterránea y hay 14 minas de gran escala, a cielo abierto, en La Guajira y Cesar, que no cuentan con consideraciones de cambio climático a pesar de tener licencia ambiental.

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“Esta es una de las razones para interponer este recurso legal y buscar que se cumplan, al menos, los 30 mandatos que no fueron acatados por el ANLA (3), ni el Ministerio del Medio Ambiente (10), ni el Ministerio de Minas (17) y que agudizan la crisis climática.
Como los impactos climáticos que genera toda la cadena del carbón no fueron incluidos en la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático por los gobiernos del 2015 en adelante, los líderes sociales de las comunidades afectadas de La Guajira organizan la Caravana: El Sueño Continúa, para exigir que dejen el carbón en el subsuelo y se busquen alternativas productivas para estos territorios olvidados y que sólo han sido usados para explotar sus recursos”, indica este colectivo en un comunicado.

Lo que se espera son acciones puntuales sobre las omisiones que se hicieron en el sector carbón como son la regulación de cierres mineros, la modificación del inventario de gases de efecto invernadero, cambiar las resoluciones de los planes de manejo ambiental, entre otros temas de los 30 vacíos encontrados hasta ahora.

Las comunidades afro, wayuu y campesinas de La Guajira siguen luchando para que el agua del departamento se quede en sus cauces de origen, ya que la empresa Cerrejón Limited, propiedad de Glencore, ha intervenido más de 17 arroyos y afectado otros 30, aunque en general la actividad minera “ha perdido aproximadamente el 40% de los cursos de agua, es decir 68.67 km”, precisa Cinep en su revista: Minería a gran escala y derechos humanos.

“Además, apelan a las decisiones judiciales que se han proferido en su favor pero que, a la fecha, no se han cumplido. Se han ignorado las órdenes dadas en la Sentencia SU-698 de 2017 que protegió el derecho al agua de las comunidades que se nutren del arroyo Bruno, no se han reasentado a más de 35 comunidades despojadas de sus tierras, y la atención en vivienda, trabajo, educación y apoyo a los proyectos productivos de las cinco, que sí han sido reasentadas, tampoco se han cumplido”, asevera Cajar.

Con este recorrido por Bogotá esperan sensibilizar a académicos, sociedad civil y tomadores de decisión frente a una situación que no solo los perjudica a ellos sino al país, y para ello han organizado varios escenarios de conversación en los que esperan que el gobierno de Gustavo Petro haga presencia para dialogar sobre las alternativas de solución.

También se invita al Foro público: ¿Por qué dejar el carbón en el subsuelo? Una mirada desde el Caribe colombiano en contexto de crisis climática que tendrá lugar el 4 de mayo en el hotel Tequendama, salón Esmeralda en horas de la mañana.