En la misma sentencia absuelve al exgobernador Hernando Deluque Freyle.
Después de 23 años, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento de la Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, a 72 meses y 1 día de prisión como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales para construir 150 viviendas de interés social en Riohacha.
La Sala Especial de Primera Instancia halló a Cuello Blanchar responsable de irregularidades registradas en el trámite y celebración del “Convenio de Cooperación” entre la Gobernación y la Constructora Limos, para construir la II Etapa de la urbanización Villa Sharín.
El entonces mandatario, en calidad de oferente del proyecto, transgredió los principios de planeación, transparencia y selección objetiva al desatender su deber de garantizar, previo a la suscripción del contrato estatal, la selección, evaluación y aprobación económica, administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto y del constructor.
La Sala determinó que Cuello Blanchar “ofertó y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”.
Además, el exmandatario deberá una multa de 20,1 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por 24 meses y un día.
Asimismo, el fallo niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y le concedió la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la de su lugar de domicilio, para lo cual deberá cancelar la caución fijada y suscribir la respectiva diligencia de compromiso.
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La Corte absolvió en la misma providencia al exgobernador Hernando Deluque Freyle
La Corte absolvió en la misma providencia al exgobernador Hernando Deluque Freyle, enjuiciado por peculado por apropiación en favor de terceros al haber autorizado el desembolso de pagos entre febrero de 2001 y mayo de 2002, en favor de la Constructora Limos, pese a que el proyecto de vivienda enfrentaba graves inconvenientes que trastornaban su terminación y entrega.
A juicio de la Sala, se demostró que Deluque Freyle actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito por su antecesor, el cual le imponía el deber de cancelar los peculios cuestionados, previa verificación del cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales fueron verificados y acreditados por la interventoría del proyecto.
Es de señalar que este fallo se produjo en sala dual, ante la aceptación del impedimento manifestado por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, uno de los tres magistrados que forman parte de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha
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Fuente: EL TIEMPO
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